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Finalmente habrá subasta de renovable este próximo semestre de 2020 según el gobierno: tanto los pequeños agentes como las comunidades energéticas tendrán su cuota.

02/07/2020

Se aprueba un nuevo Real Decreto -ley por parte del Consejo de Ministros con la finalidad de promover las energías renovables e impulsar la actividad económica del país. El nuevo procedimiento de subastas proporciona una estabilidad tanto al inversor como a los consumidores los cuales obtienen beneficios de los ahorros procedentes de la integración de renovables en el sistema, siendo hoy por hoy el recurso de generación de energía más barata.

La normativa suprime barreras permitiendo la posibilidad de potencias de forma masiva los recursos basados en energías renovables, describe nuevas líneas de negocio y beneficia la eficiencia energética.

Dicho Decreto-ley está compuesto por cuatro bloques. El primero de ellos contiene la regulación de acceso y la conexión dirigido a las renovables permitiendo un margen predecible y más estable. El segundo se estábasado en el impulso hacia nuevas líneas de negocio que serán el núcleo central de los años venideros, tales como el caso de la agregación de la demanda, el almacenamiento y la hibridación. El tercer bloque del Real Decreto- ley impulsa la eficiencia energética permitiendo la permeabilidad del Fondo Nacional de Eficiencia Energética, y finalmente el último bloque ofrece una serie de medidas sectoriales con el objetivo de promover la actividad económica e impulsar el empleo afectado por el estado de alarma debido al COVID-19.

El área de acceso y conexión contiene una serie de garantías para los proyectos renovables. Tal y como indica el artículo 1 del mismo Decreto-ley se requieren dos autorizaciones por parte de los promotores para poder poner en activo sus plantas de renovables.

La principal meta es cerciorarse de que estos derechos se vinculen a proyectos correctos y reales a fin de evitar posibles especulaciones debido a la falta de regulación actual.

Actualmente se han cifrado un gran número de solicitudes llegando a registrarse más de 430.000 megavatios (MW) el año pasado y 108 MW en 2020. Además se tiene constancia de que aproximadamente un 60% de casos de titulares además de numerosos proyectos que no han llegado solicitarse.

Gracias al nuevo impulso lanzado se prevé para el próximo año una cantidad muy alta de inversiones, aproximadamente más de 90 millones de euros que además promueve el ámbito laboral generando entre 107.000 y 135.000 empleos anuales durante los próximos 10 años.

El Decreto- Ley genera unos requisitos a seguir con sus respectivos plazos según el tiempo en el que fue otorgado. Por tanto los titulares van acreditando el cumplimiento de dichos requisitos de la declaración de impacto ambiental favorable y la autorización administrativa de construcción en los tiempos exigidos. Si no se cumplen dichos hitos esos permisos quedarán caducados automáticamente y en su caso, se gestionaran los avales económicos que se requieren al solicitar la autorización. El último de los plazos concluye a los cinco años de iniciarse el cómputo para el primer hito.

Una vez entre en vigor la norma en un período de 3 meses, tanto los titulares como los solicitantes de las autorizaciones podrán renunciar a ellas y se procederá a la devolución de las garantías. También se creará un plazo para nuevas solicitudes de acceso, pero no se podrán pedir hasta que se apruebe una nueva regulación sobre estos permisos, que deberá exigir a los solicitantes mayor maduración de los proyectos y estudios previos. De este modo, se evitan nuevas solicitudes potencialmente especulativas sobre la capacidad que se libere mientras se desarrolla la normativa, que deberán aprobar el Gobierno y la Comisión Nacional de los Mercado y de la Competencia (CNMC), en sus respectivas competencias, en el plazo de tres meses desde la publicación del Real Decreto-ley.

Otro aspecto que favorece el aumento de insalaciones de energía renovables durante los próximos 10 años se realizará generando un nuevo sistema de subastas de energías renovables que proporcione a los inversores mayor estabilidad y previsibilidad de financianción e ingresos. Además, se informará a los consumidores los ahorros en costes al introducir las renovables al sistema eléctrico.

El Gobierno desarrollará reglamentariamente, la variable sobre la que se pujará será el precio de la energía. Los procedimientos deberán estar orientados a la eficiencia de los costes y podrán distinguir entre distintas tecnologías de generación en función de sus características técnicas, tamaño, niveles de gestionabilidad, criterios de localización y madurez tecnológica, entre otros. También podrán tener en cuenta las comunidades de energías renovables para que éstas puedan competir por el acceso al marco retributivo en nivel de igualdad con otros participantes, todo ello de acuerdo con la normativa comunitaria. También la norma permite, de acuerdo con la Directiva Europea de Energías Renovables, la posibilidad de no acudir a la subasta para poder recibir la retribución.


El Real Decreto-ley simplifica y agiliza la tramitación de los proyectos renovables y la infraestructura eléctrica asociada, eliminando así barreras para su puesta en marcha. Entre otras cuestiones, se regulan los casos en los que el promotor no necesitará renovar determinadas autorizaciones si modifica el proyecto de forma no sustancial y se simplifica el procedimiento de autorización de las instalaciones móviles que se conectan a la red de transporte y distribución. Este tipo de dispositivos, tales como transformadores o reactancias, van a desempeñar un papel cada vez más relevante para la transición energética, al permitir maximizar las renovables, ya que aportan flexibilidad y agilidad a su operación. También son necesarias ante situaciones de reparación de averías causadas por eventos meteorológicos adversos.


En la misma línea de activación económica, el Real Decreto-ley incorpora al ordenamiento jurídico español nuevos modelos de negocio que serán claves en la transición energética y que ofrecen, desde este momento, oportunidades de impulso económico, empleo y mejora de la competitividad. Es el caso de la figura del almacenamiento, que queda regulada mediante esta norma, lo que permitirá gestionar y optimizar la energía generada en las nuevas plantas renovables; y de la hibridación, que combina diversas tecnologías  en una misma instalación. Con ello, se optimiza la utilización de las redes eléctricas ya existentes y se minimizan los impactos ambientales, al sacarse el máximo partido a las ubicaciones de las plantas.

Ambas figuras permitirán el desarrollo rápido y eficiente de proyectos renovables, aprovechando la red ya construida, minimizando el coste para los consumidores y generando efectos positivos e inmediatos sobre la actividad y el empleo industrial, al dotar de seguridad jurídica al marco normativo aplicable.

De igual modo, y para favorecer la participación de la ciudadanía en la transición ecológica, quedan reguladas las comunidades de energía renovables, que permiten de los ciudadanos y las autoridades locales ser socios de proyectos de energías renovables en sus localidades.

Por otro lado, se habilita al Gobierno para que regule un procedimiento especial de autorización de instalaciones cuyo objeto principal sea la I+D+i, que representan una oportunidad tecnológica, energética e industrial en ámbitos como el almacenamiento, las energías marinas o la gestión de las redes, entre otros, que se constituyen en un factor estratégico para el impulso económico, tanto corto como a medio plazo.

Además, será posible establecer bancos de pruebas regulatorios (‘sandboxes’) para introducir novedades, excepciones que promuevan la investigación e innovación en el ámbito del sector eléctrico. Con ello se favorece un desarrollo más ágil de la regulación del sector energético basado en el testeo previo de normativa sobre nuevas tecnologías o soluciones.


Con el objeto de facilitar la expansión del vehículo eléctrico, el Real Decreto-ley otorga la declaración de utilidad pública a las infraestructuras eléctricas asociadas a los puntos de recarga de alta capacidad (con potencia superior a 250 kW), fundamentales para permitir que se abran estaciones de recarga ultra-rápida en carreteras, autovías y autopistas, aumentando las posibilidades de la movilidad eléctrica

Asimismo, la norma extiende la vigencia del Fondo Nacional de Eficiencia Energética hasta 2030 y mejora del procedimiento de cálculo de las obligaciones. Este fondo, que se dota con cuotas anuales de las empresas comercializadoras de gas, electricidad y productos petrolíferos, ha permitido movilizar más de 1.000 millones de euros en ayudas en los últimos cinco años para invertir en medidas de ahorro de energía. De manera excepcional, y en atención a la situación creada por el COVID-19, se permitirá a las comercializadoras que sean pequeñas y medias empresas (PYMES) retrasar el pago de las obligaciones con el fondo correspondientes a 2020, favoreciendo la recuperación de su liquidez.


Con el objetivo paliar los efectos de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19 y asegurar la liquidez del sistema eléctrico en el corto plazo, se habilita el uso del superávit de ingresos para cubrir los eventuales desajustes y desviaciones entre ingresos y costes del sistema del año anterior y el actual.

Esto permite que el conjunto de los operadores de las redes de transporte y distribución, incluidas las más de 300 pequeñas distribuidoras que operan en España, así como las más de 60.000 instalaciones de renovables,puedan percibir una parte significativa de la retribución correspondiente al ejercicio 2019. Se trata de una medida que facilita liquidez permitiendo que continuen en activo y facilitando nuevas inversiones en el ámbito industrial, digitalización de redes y en desarrollo de renovables, imprescindibles en este momento de recuperación económica.
En el caso de las instalaciones acogidas al régimen retributivo específico cuyos costes de explotación dependen esencialmente del precio del combustible. Es decir, las instalaciones de cogeneración, a las instalaciones de tratamiento de purines, a las instalaciones de tratamiento de lodos de aceite y a las biomasas. Se establece la revisión del valor de la retribución a la operación, que será de aplicación durante el periodo de vigencia del estado de alarma, para reconocer los efectos de unos menores precios de mercado y de CO2, paliando así el impacto que la crisis sanitaria ha tenido sobre sus condiciones de operación. Por tanto, se va a tener en cuenta sobretodo al sector industrial y agrícola, que emplean este tipo de tecnologías.

En concreto, para el cálculo de la mencionada revisión se consideran los valores del precio del mercado eléctrico y del precio de los derechos de emisión de CO2 durante el estado de alarma. Adicionalmente, se reducen un 50% los valores del número de horas equivalentes de funcionamiento mínimo y del umbral de funcionamiento aplicables al año 2020, respecto de los valores establecidos previamente.

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