Un gran número de centrales térmicas españolas van a suspender su actividad el día 30 de este mismo mes. Las centrales que no hayan reducido sus emisiones de CO2 mediante una nueva directiva europea se verán obligadas a suspender su actividad, es decir a apagar la central.
Por tanto, centrales como por ejemplo: Andorra, Lada, Puente Nuevo, Robla,etc. el próximo 30 de junio dejarán de funcionar.
A excepción de centrales como Aboño y Soto de Ribera de EDP, los barrios de Viesgo, As Pontes y Litoral de Endesa que seguirán activas. No obstante, lo más probable es que el próximo año apaguen según comenta la compañía.
Existe un inconveniente, puesto que el gobierno todavía no proporciona la autorización de cierre y posible desmantelamiento de centrales. Únicamente Anllares que ya se encuentra apagada, y Compostilla tienen permiso para preparar las obras de desmantelamiento de las centrales.
Hasta 7 plantas no han obtenido respuesta. Otas como Lada y Velilla pertenecientes a Iberdrola, siguen esperando después de 3 años la concesión del permiso.
Las consecuencias de los próximos cierres son la pérdida de numeros puestos de trabajo. De hecho electricas han decidido prejubilar a sus colaboradores o bien delegarlos a otras plantas. En cuanto a los trabajadores subcontratados todos ellos se quedarán sin empleo, por el hecho de no poder iniciar el desmantelamiento de las plantas.
Si se concedieran dichas autorizaciones y permisos un gran número de trabajadores subcontratados podrían continuar hasta dos años más en su puesto de trabajo, almenos mientras se llevará a cabo el desmantelamiento.
Desde el Ministerio y Reto Demográfico se continúa intentando gestionar dichas autorizaciones y además del desmantelamiento, pero a este añadimos la situación del país debido al Covid-19 y la paralización como consecuencia del estado de alarma.
En el mismo confinamiento el gobierno consiguió aprobar las bases de los Convenios de Transición Justa junto con representantes de las principales centrales térmicas de carbón que están en proceso de cierre, Endesa, Iberdrola y Naturgy, y de las secretarías generales de los sindicatos (UGT FICA y CCOO).
Dicho documento expresa lo acordado respaldando a los empleados y las zonas afectadas por los cierres de las centrales térmicas situadas en Aragón, Andalucía, Castilla y León, Galicia y Principado de Asturias.
El núcleo central es intentar conservar el empleo en dichas comunidades además de mantener la normalidad en su actividad económica e industrial, todo ello enfocado al recurso de las energías renovables.
Si no se facilita la autorización del cierre de la central del carbón no es posible cooperar con las organizaciones auxiliares. En este caso si pueden ayudar a sus trabajadores pero no a los subcontratados.
Dichas comunidades siguen esperando que se apruebe oficialmente el acuerdo generado en los Convenios de Transición Justa, con el que podrán fomentar el empleo en estas zonas además de restituirlo con economía verde. No obstante, hasta que no se firme dicho Pacto no pueden seguir avanzando en materia.
Por tanto, hasta el momento miles de empleados serán desvinculados y quedarán a la espera de la autorización para que las eléctricas realicen las obras de desmantelamiento.